mayo 10, 2017
A pesar de la recuperación económica, la desigualdad y la pobreza siguen presentes en nuestra sociedad. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, donde se ofrece información sobre los ingresos medios de los hogares, el porcentaje de población en riesgo de pobreza se sitúa en un 22,3% frente al 22,1 del año anterior.
Los datos de la encuesta nos reflejan una sociedad con una situación estancada, sobre todo para la clase media. Las condiciones de trabajo nefastas y los salarios bajos impiden que parte de la población no puedan afrontar gastos imprevistos (38,1%), o que no puedan permitirse una semana de vacaciones al año (39,5%), que tengan mucha dificultad para pagar a final de mes (15,3%) o que tengan pagos retrasados en relación con su vivienda (8,4%).
Este contexto, la infancia es el colectivo más afectado por la crisis económica. Nos preocupa el incremento del riesgo de pobreza en la población menor de 16 años, situándose en un 28,9%. Los recortes de los últimos años han incidido en muchos aspectos de la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. La condición de no tener poder adquisitivo o bienes materiales se traslada a una situación de exclusión social o de sentir vergüenza, al no poder compartir momentos de juego y ocio con sus amigos.
Además, desde Educo constatamos que la situación de exclusión y pobreza afecta directamente a el rendimiento escolar. Por ello, solicitamos medidas tan básicas como asegurar el disfrute del comedor escolar o los materiales educativos necesarios.
La infancia española son el presente y el futuro, y tenemos una generación de niños y niñas que no conocen otro modo de vida que el que les ha ofrecido la crisis. Es por esto que vemos necesario que se repiense la inversión y se establezcan medidas como la renta mínima o las prestaciones universales, y que los partidos políticos tomen consciencia del papel tan importante que juega la infancia en el futuro de nuestro país.
Tenemos la obligación de cambiar esta situación, desde el punto de vista ético y de derechos, y en consonancia con las demandas de la Agenda 2030 para el Desarrollo y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.