Quiérete, hermanita

“Antes vivía con mi familia, pero conocí a mi enamorado y nos juntamos. Poco después él empezó a prostituirme. Desde que estoy aquí en el hogar ya no lo veo, no me dejan, y realmente no quiero verlo porque me ha hecho mucho daño. Estuve tres meses en eso.” Camila es el nombre ficticio de una de las chicas que viven en el Hogar de Acogida de El Alto, en Bolivia, un centro que da cobijo y protección a niñas y jóvenes de 10 a 18 años que han sufrido violencia sexual comercial.

En Bolivia, cientos de niñas y adolescentes son reclutadas cada año para explotarlas sexualmente. A pesar de que en 2012 el Estado promulgó una ley contra la trata de personas, se trata de un fenómeno que, lejos de ser erradicado, tiende a crecer. Ni los poderes públicos ni la sociedad civil muestran una actitud firme para acabar con esta lacra. En el mejor de los casos, las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia (instancias dependientes de los gobiernos locales y responsables de proteger a la infancia), no cuentan con los recursos ni las capacidades para afrontar esta situación y se ven desbordadas.



Entre las causas que explican la problemática de la explotación sexual infantil, además de la pobreza en que viven amplias capas de la población, figuran factores como los procesos de desintegración familiar, la violencia en el hogar, el machismo imperante, la falta de reconocimiento social de niños y adolescentes como sujetos de derechos o la ausencia de espacios de crecimiento humano y de oportunidades para la infancia. 

La mayoría de los casos de violencia y explotación sexual no se denuncian. Y de los que se conocen, pocos pasan a instancias judiciales y todavía menos acaban en sentencias condenatorias.

La mayoría de rutas de trata de personas en el país confluyen en las ciudades de La Paz y El Alto (en el área metropolitana paceña), donde el flujo económico y la atracción de población migrante favorecen la proliferación de bares, clubs, prostíbulos y otros espacios de comercio sexual. Según la Organización de Estados Americanos (OEA), en estas ciudades desaparecen todos los días cuatro niños, niñas y adolescentes. Muchos acaban en las redes de explotación sexual. 

Hogar de acogida 

Ante esta realidad, el proyecto que Educo y la Fundación Munasim Kullakita (expresión en lengua aimara que significa “Quiérete, hermanita”) llevan a cabo en El Alto y La Paz un proyecto que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la problemática, incidir en las políticas públicas, fortalecer a las instituciones del Estado cuyo rol es proteger a la niñez y adolescencia y atender a las víctimas. 

Uno de los elementos importantes del proyecto lo constituye el Hogar de Acogida de El Alto, un centro que da cobijo y protección a niñas y jóvenes de 10 a 18 años que han sufrido violencia sexual comercial, a las que se ayuda a construir un proyecto de vida y un futuro libre de violencia. Aquí viven (las que son madres lo hacen con sus bebés), reciben asistencia psicológica, atención médica, alimentación, educación y orientación para que puedan decidir libremente su futuro. 



Se las escucha, se las forma y se las asesora para facilitar su reinserción en la sociedad y, si es posible, también en el seno familiar, ya que la mayoría provienen de familias desestructuradas e incluso han sufrido abusos en el hogar. Todas ellas llegan derivadas por los servicios municipales, por iniciativa propia o bien gracias al trabajo en la calle que nuestros educadores realizan en las zonas de riesgo para identificar posibles víctimas. 

Formación, sensibilización e incidencia

En el centro también se les ofrecen talleres de capacitación en temas como costura, informática y repostería, entre otros, para que se formen en un oficio y que puedan, en un futuro próximo, gestionar su propio negocio y ganarse la vida. 

Además de la intervención directa con las víctimas, también trabajamos en el ámbito de la prevención y la incidencia. En el primer caso, trabajamos con las comunidades educativas de las diez escuelas ubicadas en los barrios más problemáticos para formar y sensibilizar a los estudiantes, a los docentes y a las familias sobre esta realidad y que sepan cómo afrontarla. Se busca crear espacios para orientar y promover la denuncia de situaciones de malos tratos ante las instancias competentes. 

Finalmente, el proyecto también aborda la incidencia en las políticas públicas y, en este sentido, buscamos reforzar las capacidades de las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia de El Alto y de La Paz para que sean realmente eficaces como órganos públicos encargados de proteger a la infancia.
 

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