Hace un año, en el mes de octubre, se inició el asedio al Territorio Palestino Ocupado, y las ONG volvemos a dar la voz de alerta: más de 41.500 personas han sido asesinadas, se ha violado impunemente el derecho internacional humanitario y se continúa bloqueando el acceso de la asistencia humanitaria.
Las principales organizaciones humanitarias, de desarrollo, derechos humanos y paz hemos denunciado por enésima vez la situación que se vive en Gaza y en el Territorio Palestino Ocupado y hemos exigido una vez más el alto el fuego en el mes en el que se cumple el primer aniversario de la ofensiva israelí sobre Gaza.
Queremos recordar los nombres de las casi 42.000 personas asesinadas en la Franja, de las cuales más de 11.000 son niños y niñas. Recordamos también a las más de 96.000 personas heridas, más de 10.000 desaparecidas y casi 2 millones de personas desplazadas y calificamos lo que está ocurriendo como una situación sin precedentes por la impunidad con la que se ha atacado de forma directa a la población civil palestina, con un alto coste para niños, niñas, mayores y mujeres.
Por otra parte, las organizaciones firmantes también queremos llamar la atención sobre las terribles consecuencias de los ataques llevados a cabo por Hamás y otros grupos armados palestinos el pasado 7 de octubre de 2023, en los que murieron más de 1.200 personas — en su mayoría civiles, incluidos niños y niñas— y más de 240 fueron tomadas como rehenes — al menos 79 de ellas civiles— , de las que a día de hoy más de 100 siguen cautivas.
Tales datos no justifican que se esté violando sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario con total impunidad. Se bombardean escuelas, hospitales, campos de personas refugiadas. La situación no tiene precedentes, supone un ataque directo a los derechos y la vida de la población palestina, pero también a las reglas humanitarias internacionales.
Las ONG hemos mantenido durante el año transcurrido decenas de reuniones con distintas personas responsables del gobierno central, los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios estatales y autonómicos, partidos políticos y otros actores relevantes, para informarles de la crítica situación. Hemos solicitado apoyo político y económico a mecanismos internacionales imprescindibles para la rendición de cuentas como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional.
A lo largo de estos 12 meses hemos denunciado las enormes necesidades de la población palestina, que conocemos de primera mano por nuestro trabajo con organizaciones locales. Además, hemos exigido estrategias y vías para lograr un mayor acceso de ayuda, más visados para el personal humanitario y otras medidas, además de la más esencial, que es el final de la ofensiva de Israel y de las atrocidades que a día de hoy se siguen cometiendo en los territorios palestinos ocupados.
Recordamos que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel tomar medidas para evitar el genocidio y garantizar los servicios básicos y la asistencia humanitaria, y el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido el alto el fuego en al menos dos ocasiones y ha urgido a permitir la llegada de ayuda suficiente y sostenida para la población del enclave asediado. Sin embargo, Israel ha hecho oídos sordos y la comunidad internacional no ha presionado para que dichas resoluciones se cumplan y se garantice el Derecho Internacional Humanitario.
Recordamos, una vez más, que es urgente poner fin de forma inmediata al castigo colectivo que sufre la población palestina con un alto el fuego inmediato y permanente y un acceso de la ayuda suficiente, seguro, sostenido y sin obstáculos que permita a las organizaciones humanitarias cumplir con su mandato. La vida de miles de personas, la estabilidad de la zona y los principios básicos de los derechos humanos están en juego. Tomar medidas para acabar con esta deriva es fundamental tanto para quienes sufren directamente sus consecuencias como para toda la humanidad.
Derechos de imagen: Salam Yasser_APAimages
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