Sí, el cambio climático y sus efectos son una realidad en todo el planeta y España no queda fuera. Hay informes muy recientes de la Agencia Estatal de Meteorología que confirman que esto es así. Además, es especialmente vulnerable al cambio climático. Desde hace tiempo vemos cómo se está desertificando y cómo se dan eventos meteorológicos extremos: incendios de proporciones desconocidas, inundaciones y lluvias torrenciales, olas de calor cada vez más tempranas intensas y duraderas.
Los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables al cambio climático y al deterioro medioambiental debido a sus propias características fisiológicas y de desarrollo. Tienen menos recursos para combatir los efectos del calentamiento global, especialmente los más pequeños. Todo ello afecta a sus derechos, como, por ejemplo, el derecho a la salud o a la educación. Hay que preparar los centros educativos para que puedan ser lugares sanos y habitables.
Les afecta aún más porque tienen menos recursos para afrontar estos cambios. Por ejemplo, la contaminación del aire de las ciudades aumenta la aparición de enfermedades como el asma, problemas cardiovasculares o infecciones respiratorias y el aumento de las temperaturas impacta con mayor gravedad en las niñas, niños y adolescentes ya que no tienen una . capacidad natural para adaptarse al aumento de temperaturas extremas.
Según nos ha dicho recientemente el Comité de Derechos del Niño, esta triple crisis planetaria supone una amenaza urgente y global para los derechos del niño en todo el mundo. La crisis se agrava con el cambio climático, que hace que cambie hasta la composición de las aguas, del aire, del suelo, destruyendo así la biodiversidad y los ecosistemas que sustentan todas las formas de vida. Los niños sufren directamente estos cambios porque sus familias, en muchas ocasiones, van a tener que cambiar sus trabajos y sus formas de vida, sobre todo si se relacionan con el sector primario: la pesca, la ganadería o la agricultura.
Muy poco. Los niños de hoy o los que vivirán dentro de unos años recibirán un planeta enfermo si no actuamos de manera urgente porque el deterioro medioambiental y el cambio climático son desgraciadamente una realidad que supone una vulneración de sus derechos. Pero también los niños que vayan llegando tienen derecho a ser protegidos de los efectos que nuestras acciones tengan. Por eso, el Comité reconoce lo que llama principio de equidad intergeneracional, es decir, el derecho a proteger los intereses de las generaciones futuras. Esa protección es una tarea que corresponde a los Estados y no puede retrasarse más ni limitarse a los “niños de hoy”, debe hacerse pensando también en las generaciones futuras.
Hace tiempo que se viene hablando de ello, si bien ha sido en 2022 cuando las Naciones Unidas han declarado formalmente que todas las personas tenemos derecho a un medio ambiente saludable, también los niños, niñas y adolescentes. El Comité de Derechos del Niño ha explicado cuáles son las particularidades de este derecho cuando hablamos de la infancia y la adolescencia, y ha señalado cuáles son las obligaciones que los Estados tienen que cumplir para que los niños y niñas puedan disfrutarlo y ejercerlo.
Hay que tener en cuenta que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible no solo es un derecho como tal, sino una condición necesaria para que puedan disfrutar de otros derechos. Dicho de otro modo, la degradación ambiental y las nefastas consecuencias de la crisis climática afectan muy negativamente al disfrute de los derechos del niño, sobre todo a quienes viven en situaciones desfavorables o padecen mayor riesgo climático.
Los Estados son los principales responsables de mitigar el cambio climático para cumplir las obligaciones que les imponen la Convención y el derecho internacional del medio ambiente, especialmente uno muy importante recogido en el llamado Acuerdo de París, que trata de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales para 2030.
También tiene la obligación de tomar medidas para permitir la adaptación de los niños y niñas a la nueva realidad. Mitigar y adaptar son dos obligaciones de los Estados. Esto significa que ellos mismos tienen que tomar medidas directamente y hacer que otros, sobre todo las empresas, no impidan cumplir con estos objetivos.
El Comité ha enumerado unos cuantos como, por ejemplo, mejorar la calidad del aire reduciendo tanto la contaminación del aire exterior como del interior para prevenir la mortalidad infantil, en particular la de los niños menores de 5 años; garantizar el acceso a un abastecimiento seguro y suficiente de agua, al saneamiento y a ecosistemas acuáticos saludables, a fin de evitar la propagación de enfermedades de origen hídrico entre los niños; o eliminar de forma gradual y equitativa el uso de carbón, petróleo y gas natural para conseguir una transición justa en lo que atañe a las fuentes de energía e invertir en energías renovables, almacenamiento de energía y eficiencia energética, con el fin de hacer frente a la crisis climática;
El Derecho internacional tiene pocas herramientas sancionadoras cuando se incumplen los compromisos, pero el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible a niños, niñas y adolescentes permitirá examinar periódicamente a cada país, comprobar los avances, recomendar mejoras y protegerlo.
También sería importante que los niños puedan defender este derecho. Ya lo han hecho en algunos casos que han llegado a los tribunales, pero encuentran muchas dificultades por ser menores de edad y eso hace que sus posibilidades se vean limitadas. Hay que asegurar a los niños, niñas y adolescentes este derecho a la justicia y eliminar las barreras que lo impiden.
La educación ambiental es una herramienta más fuerte que la sanción. Como ha dicho la UNESCO, es importante promover y financiar una educación climática que dote al alumnado de las competencias necesarias ante un escenario de transición hacia economías digitales y ecológicas. Esto concuerda con lo que dice la Convención sobre los derechos del niño, que exige que su educación esté orientada a inculcarle el respeto al medio ambiente natural. La educación debe transmitir valores medioambientales.
Uno de los derechos que se ve más afectado es el derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud, también mental. Los trastornos psicosociales y mentales que sufren (o podrían sufrir) los niños, niñas y adolescentes como consecuencia de los daños medioambientales y del cambio climático son motivo de preocupación. Se habla ya de ecoansiedad y de procesos depresivos que requieren la atención urgente de los responsables sanitarios y educativos. Sería necesario trabajar tanto la atención a estos casos como la prevención de otros similares que pudieran darse en el futuro.
La actividad empresarial está en el origen de daños ambientales graves que afectan a los derechos del niño: utilización de sustancias peligrosas y tóxicas, quema de combustibles fósiles, emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación industrial del aire y del agua, extracciones agrícolas o pesqueras insostenibles, etc. Todo ello afecta a los derechos del niño y las empresas no pueden desconocerlo. De hecho, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos del niño relacionados con el medio ambiente y el estado tiene que tomar medidas para que las empresas lo cumplan.
De momento estos procesos son más bien de carácter voluntario, pero los poderes públicos ya están avanzando para que las empresas vayan incluyendo la perspectiva de los derechos del niño frente a los daños medioambientales, exigiéndoles que actúen con la diligencia debida para detectar, evitar y mitigar el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y los derechos del niño, y, además, rendir cuentas al respecto. Sería interesante, por ejemplo, que se estableciese la responsabilidad de las empresas de reparar esos daños.
Las empresas no pueden quedar al margen del cumplimiento de los derechos humanos y hay que buscar la fórmula para que puedan seguir haciendo su labor sin que ello suponga ir contra el derecho de los niños, niñas y adolescentes a un medio ambiente sano, saludable y sostenible.
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